La concejal Ana Marks (FpV) presentó un proyecto de Comunicación para requerir a la Cámara de Diputados la sanción de la norma que protege a los inquilinos. Advirtió la compleja situación que atraviesan las familias barilochenses para el acceso a la vivienda.
La edil cuantificó que en el país existen 6,5 millones de inquilinos, con una gran afectación del alquiler en los ingresos familiares, que –según el relevamiento realizado por la Unión de Inquilinos Rionegrinos en el marco de la Federación de Inquilinos Nacional- representan el 40 por ciento en promedio en la provincia. Ese porcentaje, se eleva al 60 en Bariloche, por los altos costos de los alquileres y la tierra, con un 70 por ciento de inquilinos sin expectativas de acceder a la vivienda propia.
“Hoy particularmente enfrentan una situación muy preocupante debido al proceso devaluatorio”, señaló Marks, añadiendo como agravantes los plazos cortos de contrato, la indexación semestral y el mercado informal de alquileres en el cual se aplican cláusulas abusivas, sacando provecho de la enorme demanda habitacional.
En este sentido, la Senadora Silvina García Larraburu presentó el Proyecto de Ley S-894/16 que obtuvo media sanción en la Cámara Alta y cuyo objetivo es contribuir a equiparar la relación locatario-locador, en términos de proteger al más vulnerable. La iniciativa “acaba de perder estado parlamentario, pero la media sanción que se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados todavía es posible si se convoca a sesiones extraordinarias en el mes de diciembre”, apuntó la concejal.
El proyecto, con las modificaciones propuestas por los distintos bloques, prevé la ampliación del plazo mínimo de los alquileres a 3 años, un mecanismo de actualización semestral que contemple el coeficiente de variación salarial, la devolución del depósito en garantía actualizado, que las comisiones inmobiliarias sean soportadas por el locador, entre otras disposiciones tendientes a la protección del inquilino. En la Cámara de Diputado, se incorporó, entre otros artículos, el alquiler social y la obligatoriedad de denunciar el contrato ante la AFIP.
“El proyecto busca crear un marco normativo que regule al mercado inmobiliario para garantizar contrataciones justas para ambas partes, evitar cláusulas abusivas y detener la escalada de aumentos indiscriminados guiados por la mera especulación”, evaluó Marks.