Rimbombante y pretenciosamente, Proceso de Reorganización Nacional fué el nombre con el que autodenominó la dictadura militar que gobernó de facto la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe de Estado —ejecutado el 24 de marzo de 1976— que depuso al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).
La junta llegó al poder en un contexto de violencia creciente,
caracterizado por los enfrentamientos entre facciones armadas de
izquierda y derecha: la acción violenta de organizaciones guerrilleras
como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de inclinación
marxista), sumando a éstos, el accionar de grupos de extrema derecha de
la AAA, Alianza Anticuomunista Argentina, creada años antes por el
Ministro de Bienestar Social de la viuda de Perón, el controvertido
José López Rega (anteriormente Secretario Privado del mismo Juan
Domingo Perón), uno de los hombres mas poderosos de aquel Gobierno.
Estos graves enfrentamientos se incrementaron significativamente desde
fines de los años setenta y fueron la principal justificación utilizada
por las FF. AA. para derrocar al gobierno de Martínez de Perón.
Guardando continuidad con el Operativo Independencia que la presidente
María Estela Martínez de Perón había ordenado en 1975 en Tucumán, la
junta llevó a cabo una ofensiva contra las organizaciones guerrilleras,
que contó con el apoyo inicial del gobierno estadounidense (cuyo
secretario de Estado, Henry Kissinger, avaló expresamente como medio
para erradicar la «amenaza del comunismo»). El gobierno de facto
detuvo, interrogó, torturó y ejecutó clandestinamente a cientos de
supuestos guerrilleros, colaboradores, integrantes de diversos credos e
iglesias, obreros, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo
profesional a los perseguidos, así como a miles de civiles que no
tenían ninguna relación con las organizaciones armadas y estableció
centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las
personas detenidas en estos centros clandestinos eran denominados
eufemísticamente «desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron
ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar en aviones
de las fuerzas armadas.
El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:
1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna
1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes
En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de
facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato
Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos
integrantes del Ejército.
En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el
Reino Unido, intentando movilizar así la oposición contra un enemigo
exterior. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta
militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30
de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica
Radical, el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados
por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del
Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por
personalidades del Derecho, las Artes y el mundo científico, entre
otros; para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas
entre 1976 y 1983. Fruto de este titánico trabajo surge el documento
titulado “Nunca Mas”, publicado como libro en setiembre de 1984, siendo
entregado al Presidente Alfonsín en setiembre de 1984. Como resultado
del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y
cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en
diversos procesos. En 1986 y 1987 se dictaron las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa
humanidad.
En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos
que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes
guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación
de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los
desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se
iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en
España, Italia, Alemania, Francia y Suecia, entre otros, por
desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de
Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra
Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso y los
juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar
inconstitucionales los indultos por «crímenes de lesa humanidad» que
habían cometido los militares durante la última dictadura. La doctrina
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que los crímenes
de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, «son cometidos por agente
estatal en ejecución de acción gubernamental o por un grupo con
capacidad de ejercer un dominio y ejecución análogos al estatal». En
2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se
encontraban con prisión preventiva.
